La ONU asegura que el acuerdo entre Bruselas y Ankara "no es compatible con la legalidad"

Bruselas ha llegado con Ankara a un acuerdo a la desesperada para frenar el flujo de refugiados hacia Europa. El problema es que este pacto deja muchas dudas sobre su legalidad, sobre su desarrollo y sobre las verdaderas intenciones de los firmantes. De facto, el texto supone una vuelta a la situación de hace un año, donde no eran todavía 'refugiados' sino 'inmigrantes irregulares'.

¿Cuál ha sido la reacción internacional a este acuerdo?

Naciones Unidas, a través de su organismo para los refugiados (ACNUR) se ha mostrado "inquieta". "La expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos, y un acuerdo que parece que establece la expulsión directa de extranjeros hacia un país tercero no es compatible con la legislación europea ni con la legislación humanitaria internacional", dijo el responsable europeo de ACNUR. Amnistía Internacional, por su parte, califica de "inhumano" el texto firmado por Bruselas y Ankara y presenta "defectos morales y legales". Y añaden: "Los líderes de la UE y Turquía incurren en "un regateo apartado de los derechos y la dignidad de algunas de las personas más vulnerables del mundo". Médicos Sin Fronteras, ONG implicada en el rescate de refugiados en el Egeo, asegura que "los líderes europeos han perdido por completo el sentido de la realidad y el acuerdo que se está negociando entre la UE y Turquía es uno de los ejemplos más claros de su cinismo".

¿Qué leyes incumple?

La parte más polémica del acuerdo (el punto D) es la que despacha la devolución masiva de los refugiados desde la UE a Turquía. De facto, se impedirá a estas personas solicitar su asilo en Europa. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice lo siguiente: "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en otros países". En Europa, con este tratado, se restringe ese derecho. Tampoco se respeta el Estatuto del Refugiado de la Convención de Ginebra, que impide las deportaciones masivas, como las que consagra este acuerdo. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es pisoteado en sus artículos 3, 13 y el protocolo IV. La Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en su artículo 9, habla de la "Obligatoriedad de registrar todas las solicitudes de protección internacional que se presenten". O sea, que con este texto, Europa dejará de registrar estas solicitudes y se saltará sus propias leyes de asilo.

¿Cumplirá Turquía con su parte?

Turquía, país que acoge a 2,7 millones de sirios, no ha sido hasta ahora un Estado demasiado preocupado de luchar contra las mafias. Su costa, base de operaciones de grupos criminales bien organizados, es a diario el escenario del tráfico de seres humanos en grandes proporciones con total impunidad hacia las islas griegas. Hasta que Europa no comenzó a hablar de dinero, nadie se movió en Ankara, pese a las evidencias visibles de ese enorme negocio en las calles de Bodrum o Esmirna, con tiendas de ropa a las que les 'crecieron' chalecos salvavidas de los escaparates, con traficantes de personas siempre rondando a las familias sirias o iraquíes. Pero los 3.000 millones prometidos el pasado otoño no fueron suficientes para que la guardia costera turca acabara con ese tráfico de personas. Hasta la OTAN ha sido desplegada en el Egeo ante la pasividad de los turcos. Ahora el compromiso alcanza los 6.000 millones de euros. El problema es que las mafias están dejando aún más beneficios con el cruce, hasta la fecha, de más de un millón de personas hacia Europa, a unos 1.200 euros por refugiado. Un negocio redondo al que parece que nadie quiere renunciar.

¿Por qué no se habla en el texto de "refugiados" y sí de "inmigrantes irregulares"?

En este asunto volvemos a la casilla de salida. Los ministros europeos tardaron meses en usar la palabra 'refugiado' en vez de 'inmigrante'. A estas alturas, no es necesario recordar que el refugiado es el que huye de la guerra, la violencia o la persecución. O sea, el 88% de las personas que han llegado a Europa desde la primavera pasada, según ACNUR. El uso de la palabra 'refugiado' por parte de Merkel contagió al resto de sus homólogos europeos, allá por el pasado septiembre, tan reacios a pronunciarla. Este texto firmado con Ankara vuelve a la palabra anterior. Tal vez porque es más fácil expulsar 'inmigrantes', mientras que los 'refugiados' tienen unos derechos que en este acuerdo no se garantizan. El propio Donald Tusk ha tuiteado un mensaje: "Los días de la inmigración irregular en Europa han acabado". ¿Pero no eran refugiados? No, ya no.

¿El programa de reasentamiento que propone el texto será efectivo?

Este compromiso entre Bruselas y Ankara afirma que por cada persona devuelta a suelo turco, Turquía enviará otra a la UE para que sea reubicada en alguno de sus países miembros. Ya hay países que se han negado a esta posibilidad, pero es que además cabría recordar que ese plan de reubicación de refugiados ha fracasado por la inacción de los socios europeos: sólo 349 personas desde Italia y 536 de Grecia de un total de 160.000 han sido reubicados en Europa. Seguir defendiendo este sistema, ya probado y enterrado es, en el mejor de los casos, poco realista.

¿Puede este acuerdo aliviar el problema?

Difícilmente. El texto no pone el foco en la resolución de conflictos que provocan estas grandes oleadas de refugiados. Además externaliza a Turquía, actor del conflicto sirio, la gestión de los refugiados y la vigilancia del Egeo. Se habla de mafias como si fueran estos grupos criminales los que provocan la huida de estas personas en vez de los propios conflictos. Los traficantes buscan ya nuevas rutas para eludir los controles europeos y seguir haciendo negocio ante la pasividad de las autoridades turcas. Las mafias han ganado sólo en el paso del Egeo 1.200.000.000 euros en un año por cruzar a un millón depersonas.